Pedro Janer - exjefe DEA y jefe DSP - octubre 23 2020

Como todo en la vida, hay ideas o proyectos que se pueden desarrollar con buenas intenciones pero que, al final, no funcionan. Ese es el caso del Departamento de Seguridad Pública (DSP) creado en este cuatrenio, principalmente bajo el mandato del ex gobernador Ricardo Rosselló, y como un organismo que sencillamente no sirve, hay que desmantelarlo. No tengo la menor duda de eso.

Su primer secretario, Héctor Pesquera, “no dio pie con bola”. Su secretariado fue un opulento principado caracterizado, más que por resultados acertivos, por malgasto en, por ejemplo, alquiler y remodelación de oficinas, compra de una guagua blindada que al día de hoy a nadie en el gobierno parece importarle se pierdan $250,000.00, entre otras cosas, pero ¿resultados?, muy pocos o ninguno. Incluso, brindando el beneficio de la duda y suponiendo que hayan tenido “una golondrina en verano” de resultado, en comparación con lo gastado en ese secretariado, podemos concluir que la buena idea terminó en más despilfarro de fondos públicos.

El pasado miércoles en la noche el Sistema de Emergencias 9-1-1 tuvo que cerrar porque en 7 meses de pandemia no desarrollaron un plan para brindar servicios ininterrumpidamente a la ciudadanía en caso de una emergencia. Se reportaron casos de contagios en los únicos dos centros para recibir llamadas y tuvieron que clausurarlos.El decir que el plan era que en lugar de llamar al 9-1-1, ahora los que necesitaran tenían que llamar a un 787-724… es la mejor evidencia de que no se prepararon. ¿De verdad que ese era el plan? Vamos a ver cuán efectivo puede ser…

Cuando usted tiene una emergencia y necesita llamar para que atiendan la misma, no tiene tiempo de sentarse con calma a tratar de recordar cuál es el dichoso número, o para buscar en internet cuál fue el número que dieron. La acción automática es llamar al 9-1-1. Por lo tanto, el plan que debieron desarrollar, y que no tuvieron la capacidad de hacer en 7 meses, era establecer un sistema de transferencia de llamadas para que un porciento de los empleados trabajaran de forma remota e ir rotándolos entre remoto y presencial cada dos o tres semanas. De esa forma, en un caso como el del pasado miércoles, podían cerrar los únicos dos centros y seguir disponibles con el 9-1-1 como el número a llamar. Así fuera por horas o días, no se afectaba el servicio a la ciudadanía, no se ponían vidas en riesgo. Normando Valentín preguntó en NotiUno 630 al actual secretario, Pedro Janer, porqué no activaron unos 100 teléfonos celulares de emergencia para seguir brindando servicio. “No te puedo decir porqué no se activó”, respondió.

La irrelevancia del DSP quedó evidenciada con la salida del Negociado del Instituto de Ciencias Forenses bajo la dirección de la Dra. María Conte. Ésta demostró su valentía al ir al foro público para reclamar que ese organismo saliera de la jurisdicción de la sombrilla de Seguridad porque lo que hacía ésta era ahogarla en la burocracia. Ningún comisionado, ya sea de la Policía, Manejo de Emergencias, Bomberos, Investigaciones Especiales o Manejo de Emergencias y Administración de Desastres va a atreverse, pienso yo, a solicitar que lo saquen del DSP, aunque apostaría a que piensan que sí es conveniente desmantelar ese organismo y que cada cual se maneje sin la burocracia que provoca el Departamento de Seguridad Pública. Es hora de desmantelar esa válvula de pérdida de dinero del Pueblo de Puerto Rico. Aclaro que eso no resolvería un problema como el ocurrido esta semana en el 9-1-1 porque el mismo tiene que ver con falta de capacidad de quien lo dirija. Pero ciertamente, la supervisión desde el DSP también falló malamente. Probablemente hoy tendríamos el mismo problema en ese negociado, pero ahorrándonos dinero de los contribuyentes, malgastado en un departamento irrelevante que solo sirve para dar empleos, no para beneficiar al pueblo.