Wanda Vázquez Garced - columna de opinión- Alex Delgado

En las pasadas horas trascendió que la primera ejecutiva consultó en el mes de octubre a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para ella designar a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, probablemente al Tribunal de Apelaciones, ascenso que conllevaría un aumento de salario para él, del cual, a la larga, ella podría beneficiarse también.

Aunque el juez había solicitado el ascenso cuando Ricardo Rosselló era el gobernador y su esposa era Secretaria de Justicia, hoy le correspondería a ella designarlo. El proceso de la cosulta de Wanda Vázquez a la OEG de por sí, es cuestionable. De ordinario, uno entiende que estas consultas se hacen por escrito, lo que deja record. Ella optó por una consulta telefónica, que más allá de el registro de una llamada, dicho registo no establece lo que se habló. ¿Porqué?

Wanda Vázquez ha mostrado que no tiene problema alguno en no hablarle con la verdad “a mi pueblo”. Le falta a la verdad una vez, trasciende que lo que dice no es correcto y al poco tiempo vuelve a hablar cosas que no son ciertas, con una facilidad pasmosa. Luego de ella consultarle a la OEG, se le cuestionó públicamente si consideraba nominar a su esposo y dijo que no, incluso dijo que ni siquiera había pensado en eso. ¿Y como consultó a la OEG sobre eso sin pensarlo?

Un ascenso de Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones representaría un aumento de salario de $15,400.00 anuales, lo que impacta positivamente, si existiese en el matrimonio, la sociedad de bienes gananciales de ambos. Oiga, y aún habiendo capitulaciones, los ingresos de un matrimonio son disfrutados y comprometidos por ambos, como norma. Independientemente de que el Senado pase juicio final sobre un nombramiento del esposo de la gobernadora, el primer paso en el proceso es de ella. Por lo tanto, en ese primer paso, contrario a otros candidatos, él puediera beneficiarse de que ella esté en la posición de gobernadora porque entre ambos hay una afinidad, una conexión y un beneficio que no tiene otro aspirante. Si ella no dá el paso que beneficia a su esposo, y posiblemente también le beneficie a ella, el Senado no actúa sobre el mismo. Por eso, aunque la aprobación final no es de ella, con el primer paso tiene el poder de iniciar un proceso que le puede beneficiar económicamente. Por eso surge el cuestionamiento ético y moral. La OEG ya le indicó, y por escrito, que aunque ella tiene el poder decisional de dar el paso, no debe hacerlo porque podría exponerse.

No es la primera vez que la gobernadora pareciera tener conflicto en apegarse y regirse por la ética. Según trascendió, intervino directamente, como Secretaria de Justicia, en el caso de un familiar. Ese caso también dejó mal parado al juez Díaz Reverón quién, según información publicada, pareció tampoco tener mucho problema con cruzar la línea de lo ético a lo antiético, lo que a mi juicio lo descualifica en el arranque para un ascenso, e incluso, para una renominación a la posición que ocupa. Contrario al gobernador electo Pedro Pierluisi, yo no me atrevería a nominarlo ni para juez municipal.

Cuando la gobernadora Vázquez enfrentó un proceso criminal, según publicado, el juez Díaz Reverón mandó a buscar al agente que atendió el caso del familiar de ambos (de Vázquez y Díaz Reverón) para que acudiera a su sala y estando ambos solos, él como juez, auscultó la posibilidad de que ese agente testificara a favor de su esposa. ¿Porqué esa gestión tenía que hacerla el juez, como juez, en sala? ¿Porqué no podía el abogado de la gobernadora contactar al agente y auscultar la posibilidad de testificar? Usted y yo sabemos que la presión de que se lo pidiera un juez, “con toga” y en sala es mucho más fuerte que la de un abogado en un pasillo. Por lo tanto, según esa información, el juez utilizó su posición para un asunto personal y a todas luces ejerciendo, posiblemente, una presión indebida con su posición.

En ocasiones pienso que el comportamiento de algunos componentes de la judicatura, no todos, son como el de una fraternidad, donde sus miembros se protegen y ayudan. El Comité de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo, “investigó” (nótese las comillas) y determinó “En los breves actos atribuibles al juez Díaz Reverón, no observamos que se atenta contra la imparcialidad que debe permear en los procesos judiciales ni que fueran realizadas en abierto desafío a las normas éticas vigentes”. Insólito. No se trata de que si el juez fue imparcial en un caso que atendía o en el propio caso de su esposa. Se trata del uso del poder para ejercer con su puesto una posible presión o influencia indebida. Ahora, si para ese comité que “investigó” eso es permitido, plausible o normal, pues cuán poco exigente pareciera ser las “normas éticas vigentes”. Aquí se usa el poder de la toga y el mallete para meter presión a un posible testigo y para el comité que “investigó” se trató de una pajita que le cayó a la leche. El informe expresa que se trató de una “breve gestión” que no laceró la imagen del caso. ¿Usted no cree que a otro juez lo hubiesen jendío como avellana en Navidad por algo similar?

Todo esto puede poner a muchos a pensar que el matrimonio Díaz-Vázquez van a todas en el uso del poder, ya sea para beneficios con nombramientos o para protegerse. Con las cosas que han trascendido y según señaladas, ¿imaginan a dónde llegarían con 4 años más en la Fortaleza y 10 en las salas judiciales? Es solo una pregunta.