Julia Keleher - marzo 12 2019

La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, contrató a la esposa de uno de los miembros de su escolta, que actuaba como asistente personal de la funcionaria, atendiendo sus asuntos personales como coordinar el mobiliario del apartamento, la compra de electrodomésticos y recoger su correspondencia.

Así salió a relucir de la apertura del expediente federal por el arresto de Iovaska Claudio Vargas, intervenida por las autoridades federales tras ser acusada por un gran jurado por ofrecer información falsa a través de documentos. La mujer habría ocultado a las autoridades que estaba trabajando, mientras recibía subsidio de vivienda federal y beneficios de Medicaid, según publica El Vocero.

Entre los detalles contenidos en el expediente, se refleja que Claudio Vargas utilizaba la tarjeta de crédito casi a diario para hacer compras en supermercados, restaurantes, pagos de facturas por servicios de tintorería, entre otros.

Claudio Vargas se declaró culpable por este caso el pasado 30 de mayo ante la magistrada Camille Vélez Rivé. La vista de sentencia aún no ha sido señalada por la jueza que preside el caso Aida Delgado.

Acusan sujeto por divulgar “subpoena” 

La fiscal federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el martes que un gran jurado federal emitió una acusación de dos cargos contra un sujeto por supuestamente obstruir una investigación criminal y hacer declaraciones falsas, en relación al caso de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher.

“De acuerdo con las alegaciones en la acusación, en o alrededor del 20 de septiembre de 2018, el acusado Juan Carlos Díaz Rodríguez, empleado de una institución financiera, Banco Popular de Puerto Rico, notificó a la Persona A y otros, sobre la existencia y el contenido de una ‘subpoena’ del gran jurado federal para los registros de clientes de esa institución financiera. La ‘subpoena’ sirvió en el Banco Popular de Puerto Rico relacionado con posibles delitos que involucran violaciones de lavado de dinero. El acusado Díaz Rodríguez actuó con la intención de obstruir un procedimiento judicial”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Agregó que en o alrededor del 5 de junio pasado, Díaz Rodríguez hizo intencional y deliberadamente una declaración y representación materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción del poder ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos.

Entretanto, indicó que durante una entrevista voluntaria, Díaz Rodríguez dijo a los agentes especiales del FBI que no tomó una fotografía de la ‘subpoena’ del gran jurado federal sobre los registros bancarios pertenecientes al individuo B y que él, el acusado, no envió una fotografía de la ‘subpoena’ de dicho gran jurado a nadie.

Asimismo, la fiscal federal señaló que la declaración y la representación fueron falsas porque Díaz Rodríguez supo entonces que tomó una fotografía de la ‘subpoena’ del gran jurado y que envió un mensaje a la Persona A que contenía una fotografía de la citación del gran jurado.

“Como lo advertimos el 5 de abril de 2019, esta acusación es el resultado de la investigación federal sobre la divulgación ilegal de una ‘subpoena’ del gran jurado a la prensa. La información del gran jurado es secreta por varias razones, para proteger la confidencialidad de las investigaciones federales y los derechos de debido proceso de las personas investigadas. Las acciones tomadas por este acusado socavan la confianza del público en la integridad de las investigaciones federales y tienen graves consecuencias”, dijo Rodríguez Vélez.

Por su parte, el agentes especial a cargo del FBI en la isla, Douglas Leff, declaró que “el FBI quiere que el público sepa que interferir con una investigación del gran jurado, ya sea filtrando información confidencial o mintiendo a agentes federales o ambos. Un delito grave que constituye la Obstrucción de la Justicia. Puerto Rico merece algo mejor y este comportamiento no será tolerado”.

El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos José Capó Iriarte y Marie Christine Amy. El acusado se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años. Una acusación es solo una acusación y no evidencia de culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.