Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

"Nadie está por encima de la ley", sostuvo el fiscal especial independiente Ramón Mendoza, quien tiene a su cargo presentar los argumentos por parte de la Fiscalía en la vista de causa para arresto contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Mendoza argumentó que la secretaria juró ante el pueblo de Puerto Rico, defender los derechos de los ciudadanos, pero antepuso su amor de madre ante su obligación de ser la 'primera abogada' del pueblo de Puerto Rico.

Mendoza explica el tracto de los hechos.

Dice que encontraron declaraciones juradas de fiscales que participaron en la reunión en la que estuvo Vázquez Garced, en la cual se discuti;o el caso contra Tyrone Torres Betancourt, ahora convicto por el robo de propiedad privada y del Estado en la residencia de su hija y su yerno, en Gurabo.

"La prueba es abrumadora", señala el FEI en su alocución, en la sala de la jueza Yazdel Ramos Colón.

“La jefa de fiscales Olga Castellón dijo 'yo le dije a la secretaria que los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación vienen para acá'", dice el fiscal Mendoza.

Asegura que el día de la reunión, la secretaria ordenó que se utilizara su oficina, porque quería "conocer la prueba" contra los acusados del escalamiento en la residencia de su hija y yerno.

Cuestionó "¿qué madre tiene la oportunidad de hacer eso?".

El fiscal del PFEI aseguró que la ex subsecretaria de la Gobernación, Itza García, no intentó intimidar a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced como esta lo afirmó.  La secretaria de Justicia escribió en un papel amarillo y se lo pasó a uno de sus abogados, José Andreu Fuentes.

La secretaria de Justicia mira al suelo en medio de la argumentación del PFEI.

El fiscal Mendoza dice “Hay que erradicar el abuso de poder porque de eso a la corrupción hay un paso”.

 
 
“La jefa de fiscales Olga Castellón dijo "yo le dije a la secretaria que los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación vienen para acá", dice el fiscal Mendoza.

Los fiscales que estuvieron allí bajo juramento aseguran que la secretaria de Justicia intervino en el caso de su hija, afirma Mendoza, en su alocución.

Mencionó que la jefa de Fiscales dijo en su declaración jurada, que la secretaria de Justicia dijo que la reunión con los fiscales que estaban a cargo del caso de su hija, se iba a hacer en su despacho.

Mendoza argumenta que el fiscal que atendió el caso de la hija de la secretaria de Justicia 'fue inamovible y tenía órdenes'.

"Esto no es una propaganda de 'un ladrón bueno' y 'un ladrón malo'; es un asunto de evitar el abuso de poder y lo que eso conlleva", dijo Mendoza, al concluir su alocución.

El turno de la defensa

Al iniciar los planteamientos de la defensa, el licenciado José Andreu Fuentes pidió a la jueza la excepción de permitir que el licenciado Rivera Cruz presentara argumentos procesales, pero la jueza denegó inicialmente. Rivera Cruz, junto al exgobernador Rafael Hernández Colón, es el autor de la ley que creó el PFEI en Puerto Rico.

La jueza superior Ramos Colón accedió a otorgarle 10 minutos a Rivera Cruz. Decretó un receso de cinco minutos antes de continuar los procedimientos.

Expone la defensa

Al reiniciar las argumentaciones, el exsecretario de Justicia recordó que él fue el autor de la ley que crea el PFEI junto al exgobernador Rafael Hernández Colón, quien también fue secretario de Justicia.

"Uno no deja de ser padre o madre porque esté ocupando una posición. El FEI no cumplió con el debido proceso de ley . ¿Dónde está la querella firmada?, cuestionó Rievra Cruz.

"Yo me niego a pensar que algún juez que intervino en uno de estos casos por consiraciones... Hay transaccioens que las validan el secretario de Justicia o las valida el Tribunal. ¿Cómo colateralmente se va a atacar la Rama Judicial, si hizo su trabajo? El FEI no investigó profundamente... a nuestro juicio, la intervencion del FEI fue cuestionable", sostuvo.

Por su parte, Andreu Fuentes cuestionó la imputación de violar el Artículo 4.2 b de la Ley de Ética Gubernamental.

"Utilizar los deberes de su cargo con el propósito de beneficarse a sí mismo de cosas no permitidas por ley. Si uno va al derecho aplicable y mirar el elemento del beneficio, hay que preguntarse la interpretación del 'beneficio'. Los tribunales han resuelto que se trata de una actuación intencional, proveerse un beneficio utilizando su cargo...", sostuvo el abogado.

Sostuvo que el beneficio debe ser económico, no de manera abstracta o que se le pueda dar un valor monetario, según la jurisprudencia existente, no una apariencia de una actuación indebida de un funcionario.

O que la acutuación del funcionario esté prohibida por ley. Mencionó a Rafael Cordero Santiago que tenía contratos con el Municipio de Ponce para que instalara un acondicionador de aire en su residencia. El FEi le imputó, pero el Tribunal Supremo le dijo "eso no es una violación porque no se probó un beneficio económico ni una ley que lo prohibiera".

Sostuvo que la 'demagogia' no es para el Tribunal, sino para la plaza pública. Que el principio de 'legalidad' una actuación que no está clasificada como 'delito' no puede ser ley.

Asi mismo, cuestionó la legalidad de la queja de la madre de Tyrone Torres, quien había cometido cuatro delitos graves: escalamiento agravado (en la casa de la hija de Vázquez); se había declarado culpable de un escalamiento anterior y de un robo a mano armada contra dos personas, más estaba bajo probatoria por otro delito.

"Era un reincidente, había que aunmentársele en 50 por ciento la condena y hacerla consecutiva del delito por el que estaba bajo fianza al momento de cometer el nuevo delito. Había que condenarlo a 35 años de cárcel. Y no sabemos quién la envió a Fortaleza, porque alguien tiene que haberla enviado", argumentó Andreu Fuentes.

Y cuestionó la ausencia de un documento o declaración jurada firmada de la madre.

"Sólo (había) una carta de Itza García", sostuvo."Qué casualidad que recibe la carta la abogada que estaba siendo investigada (por el chat de WhatsApp)!... Y no tenía otra queja que no fuera que 'a mi hijo le echaron 15 años'. La persona que estaba siendo investigada por la secretaria de Justicia (García), escribe un memorando y argumenta que había una querella ética. Todo lo que le someten es que le envían una carta de Itza García".

Es totalmente válido que Vázquez pidiera a la fiscal Castellón que le solicitara a las autoridades federales que la investigara a ella, y a la vez, si la queja de García era una intimidación contar ella por la investigación del WhatsApp, sostuvo el abogado.

"¿Cuál es el beneficio que obtengo cuando le digo al FEI que investigue, dónde está el beneficio para la secretaria de Justicia? De lo que se trata es de la ausencia de prueba, de demagocia total, de la locura total, de la corrupción. Viene y se para aquí para hablar de un delito. Lo que puede haber es una violación a la ética de un fiscal, y a los derechos civiles de esta señora... y tenemos dos denuncias adicionales son más ridículas todavía Cómo es posible que los fiscales traigan denuncias tan ridículas como estas?", manifestó Andreu, de manera enérgica.  

Y subrayó que las otras dos imputaciones "son más ridículas todavía".

Indicó que al ser la tercera persona al mando en el País y encargada de enjuiciar los delitos, tiene derecho a procurar seguridad para ésta y su familia, y para preguntarle a un fiscal si lo ocurrido a su hija está relacionado al desempeño de su cargo.

"Una mujer que lleva 30 años procurando la seguridad de otros, pero para su hija no?... ¿No tiene derecho a preguntarle al fiscal qué fue lo que le ocurrió a su hija?", cuestionó el abogado. Es normal que se asigne un técnico para que acompañe a las víctimas durante el proceso, recordó.

"Gracias al Señor esta es una Rama que tiene independencia para aplicar el derecho, aplicar el derecho", procedió. Y que no que echaran (una sentencia de) 15 años cuando había que echarle 35 porque era un reincidente. Al otro acusado le concdieorn probatoria porque era primer ofensor y tenía adicción a las drogas. Y le dijo a la jueza que "usted sabe que las sentencias es de acuerdo a las circunstancias particulares del ofensor".

Le recordó y le dio gracias a Dios porque su deber es hacer valer los derechso de los ciudadano y no de hacerle caso a los 'chismes políticos'. Por último, le pidió que declare no culpable a la secretaria.

En un segundo turno planteamiento de la Fiscalía, en cuanto al debido proceso de ley, el FEI Guillermo Garau leyó la jurisprudencia de un caso de la década de 1980 que establece que la evidencia debe ser circunstancial y pragmática. Y citó al juez del Supremo Eric Kolthof.

Sostuvo que existen dos referidos de Justicia. Un referido formal de Olga Castellón, que lo acompañó la querella de Lydia Betancourt (madre del convicto Tyrone Torres).

"Se toma una declaración jurada y se comienza el proceso del FEI cuando hay un proceso contra el secretario de Justicia. Antes había que notificarle, pero cuando se enmendó la querella, (se estableció que) no hay que notificarle", dijo Garau, quien dijo qeu tampoco había que notificarle porque se suponía que ella supiera porque le dio las instrucciones a Castellón de investigar.

Castellón estaba imposibilitada de investigar, ya que Vázquez era su jefa, mencionó. Por eso lo refirió al PFEI.  

"Esta Ley no se puede interpretar de manera que le confiera más derechos que a otro ciudadano particular. A 'Juan Pérez' se le dice comparezca a tal sala y allí se le dice de qué se le está acusando", sostuvo.

La jueza aclaró que las argumentaciones no constiyuyen prueba. Que examinó la declaraci;ón jurada de nayda VBetancourt, del FEI Lusi Naas de León, Melisa del carmen Vázquez, de Olga castellón, de Sharon Gonz;álesz maldonado, Zarimar Benitez, Yanira Lisiaga, Olga Bernardo, Rosalba Matos, William Villafañe, Michael López, Orona, Raymond Cruz Hernández.

Además, copia certificada de los expedientes de los acusados del escalamiento, del programa de radio en el que se expresó la secretaria, del acta de la reunión de ella con el gobernador.

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