Las acusaciones se dan a dos semanas de la destitución de Raúl Maldonado y la renuncia de Angela Ávila a la dirección de ASES. 

el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.

De izquierda a derecha, el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.

A varios días de que el director del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff, expresara que tendrían un “verano ocupado”, la agencia que dirige arrestó a seis personas vinculadas con la Administración de Ricardo Rosselló por corrupción gubernamental. Entre estas figuran la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila. 

Estas fueron acusadas por lavado de dinero, fraude y robo. Otros que enfrentan la justicia son: el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, y al subcontratisa del gobierno y de la empresa BDO Puerto Rico, Alberto Velázquez Piñol fueron acusados el miércoles por lavado de dinero, fraude y robo. 

Los arrestos y acusaciones se dieron en momentos en el que Rosselló se encontraba de vacaciones en Francia, pero ante la situación el primer mandatario del país dio por terminado su viaje y agendó su regreso. Este manifestó en declaraciones escritas que “mantener la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno es un desafío constante que tenemos todos los que laboramos en el servicio público. Esa confianza se lacera cuando funcionarios públicos o relacionados, son acusados de delitos de corrupción".

Raul Maldonado

Fue luego de la destitución de Raúl Maldonado, quien ocupaba varios puesto en el Gobierno y fungía como el jefe de Hacienda, que  comenzaron a revelarse una serie de investigaciones federales sobre contrataciones en el gobierno local. Entre ellas, estaban el Educación, ASES y Hacienda. Sin embargo, el FBI comenzó a seguir de con mas detalles las subcontrataciones que hacía el BDO Puerto Rico, una empresa que ofrece servicios de asesoría de seguros, impuestos, finanzas y negocios.

Esta se organizó en Puerto Rico aproximadamente en enero de 2000 bajo su anterior nombre Scherrer, Hernandez & Co., CPA, P.S.C; como una corporación de servicios profesionales con fines de lucro. 

¿Como estas seis personas se relacionan con esta empresa? 

 

  • Julia Beatrice Keleher

A finales del 2016, Keleher fue asignada como secretaria de Educación  y contratista del Gobierno. La función de asesoría era un contrato por servicios profesionales que manejaba la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Por lo tanto, Keleher recibía dos sueldos. La ahora  acusada renunció el 1 de abril de 2019. De echo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó en entrevista con NotiUno 630, que Keleher nunca le inspiró confianza. 

 

Hasta el momento, la exfuncionaria enfrenta cargos por siete crímenes y fue arrestada en Washington D.C.

 

En el 1997, comenzó a trabajar para ASES para el Oficial Financiero. En el 1999, ocupó el cargo de directora de Finanzas y directora ejecutiva de la agencia. Luego, en la administración de Alejandro García Padilla, trabajó como subdirectora ejecutiva de ASES. En el 2017, Rosselló Nevares la nombró directora ejecutiva de la agencia. El 25 de junio, la contable que enfrenta acusaciones por seis crímenes, renunció a su puesto. 

Es el jefe de la División de Asesoramiento Empresarial en BDO en Puerto Rico / USVI. Según El Nuevo Día, algunos contables lo identifican “como un ayudante y contribuyente asiduo del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la campaña de Rosselló Nevares.” 

El contador enfrenta cinco cargos criminales. 

  • Alberto Velázquez Piñol

A pesar de no ser empleado público, Velazquez fungía como consultor de Asuntos Intergubernamentales en BDO pero ostentaba autoridad en ASES. 

En la administración de Luis Fortuño, mientras trabajaba como subsecretario de Administración para el DE, estuvo involucrado en pesquisas por pagos de gastos personales con fondos públicos, demandas por alegado fraude y resoluciones legislativas de investigación, entre otros.

El ex subcontratista se entregó a las autoridades en Connecticut y enfrenta cargos por diez crímenes. 

  • Mayra Ponce Mendoza y Glenda Ponce Mendoza

Glenda ha sido descrita como “secretaria personal” de Keleher. De pronto, la firma de Mayra apareció en un contrato de la empresa Colón & Ponce, Inc, la cual tuvo contrato con el Gobierno desde el 8 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Mayra es acusada de siete cargos criminales, mientras Glenda enfrenta nueve. 

 

Con un total de 32 cargos criminales, el FBI divide los enfrentamientos entre lavado de dinero, fraude y robo.

 

La primera acusación que presenta el gran jurado federal, comienza con una conspiración entre Keleher y las hermanas Ponce Mendoza. Según la acusación, ellas dirigían los contratos entre el DE y la firma Colón & Ponce a través de un “proceso de licitación corrupto en el que se le proporcionó una ventaja competitiva basada -en parte-, en la estrecha relación”.

La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, mediante un rueda de prensa, confirmó que se contrataron para qué ofrecieran servicios de consultoría. Sin embargo, en la Oficina de Asuntos Federales de Educación nadie los había solicitado. 

A finales de marzo de 2017, de acuerdo a la acusación, Mayra presentó una propuesta al DE para servicios prestados por Colón & Ponce, a través del correo electrónico a su hermana, Glenda. El 11 de abril de 2017, Glenda, siendo la “ayudante especial” de Keleher, le envío la propuesta a la secretaria del DE. 

En o alrededor del 23 de mayo de 2017, por teléfono y por correo electrónico, el DE de los Estados Unidos y la Oficina de Gestión de Riesgos aconsejó Keleher que debía cumplir con las regulaciones aplicables para adjudicar contratos de compra, con referencia específica al contrato de Colón & Ponce, Inc. Esta advertencia surge luego de que el DE le solicitó, a siete empresas que ofrecían asistencia técnica al personal de Educación, que presentaran propuestas.

Un funcionario del DE concluyó que Colón & Ponce era la única compañía que no calificaba para el contrato y que era el peor solicitante. El individuo C se negó a firmar la letra que seleccionaba la firma porque la carta de selección decía que Colón & Ponce estaban calificados, cuando en realidad no lo era.

Eso no detuvo que para el 8 de junio de 2017, Colón & Ponce obtuvieran un contrato de $43,550 con el DE; el cual luego ascendió a $95 mil. Otro testigo, identificado como individuo “B”, firmó el contrato porque “fue presionada para hacerlo por Keleher”.

Durante el año 2017, Glenda recibió pagos monetarios de Colón & Ponce por servicios prestados por un total de aproximadamente $16 mil, más aproximadamente $834 mil en gastos.

Entre el esquema, se describe que el salario de otra de las "asistentes" de Keleher salía del contrato de Colón & Ponce, aunque ella no trabajaba con ellos. ENDI indicó que la asistente, Marie Estela Cestero fue directora de campaña del excandidato a la gobernación Manuel Cidre, y fue él mismo quien solicitó el trabajo. 

Pero Cidre sostuvo que no entendía porque su nombre salió entre el esquema. En entrevista con ENDI, el excandidato independiente a la gobernación declaró que 

Por otra parte, Cestero le confirmó a ENDI que “solo tenía contacto con dos personas, Mayra Ponce, presidenta de Colón & Ponce Inc.; y Harry Alemán, socio de BDO Puerto Rico”, pero no conocía detalles de las empresas.

Por otro lado, a principios de noviembre de 2016, BDO ejecutó un contrato con el DE para proporcionar servicios de auditoría. El valor total del contrato fue de $199,500, y estaba programado para expirar en o alrededor del 30 de junio de 2017.

Scherrer era el socio gerente de BDO. Mientras que Velázquez Piñol fue el presidente, vicepresidente, tesorero, sub-tesorero, secretario, subsecretario y propietario de Azur, era una sociedad de responsabilidad limitada con fines de lucro.

La fiscalía los acusó, junto a Keleher, de utilizar sus posiciones como funcionarios públicos para beneficiarse y enriquecerse mediante el fraude y el robo de fondos del gobierno. Además, la investigación indicó que los saldos de contratos gubernamentales se revelaron a empleados no gubernamentales para su uso en la presentación de nuevas propuestas de contratos. 

El 27 de enero de 2017, Keleher envió un correo electrónico a Vázquez Piñol, Glenda y un tercero, que en parte decía: 

Días más tarde, Cidre se reunió con la persona “B” para cenar en la Plaza Suchville ubicada en Guaynabo, Puerto Rico. Para el 2 de febrero de 2017, BDO envió una propuesta dirigida a la persona “B” para aumentar el valor del contrato de noviembre de 2016 de $ 199,500 a total de $ 490,580.

Parte del contrato de BDO certificaba que no podía subcontratar a terceras empresas. Pero el 11 de abril, Vázquez solicitó desde Azur a BDO un pago de una comisión del 10 por ciento por haber logrado un aumento parcial de $95 mil.

Un mes más tarde, Velázquez recibió un cheque con la cantidad de $5,226.75.

Alrededor del 10 de julio de 2017, BDO ejecutó un contrato con DE para brindar servicios de consultoría. El valor total del contrato fue de $4,770,330 y estaba programado para expirar los últimos días de junio de 2018 o alrededor de esa fecha.

Curiosamente, el 19 de octubre de 2017, Velázquez recibió un cheque $47,570.16.

De la misma manera, a finales de julio de 2018, BDO firmó un contrato con el DE, para brindar servicios de consultoría. El valor total de ese contrato fue de $6,363,000 y estaba programado para expirar el 30 de junio de este año.

La acusación certificó que el 16 de agosto de 2018, BDO le envió a Velázquez Piñol un resumen de las comisiones facturadas a través de Azur con sus respectivos pagos de los meses anteriores. Como acordado, BDO le pagó en esos meses a Velázquez un 10 por ciento de comisión. 

Angela Avila - Rossello - Rafael Rodriguez - julio 10 2019

Angela Ávila - Ricardo Rosselló Nevare - Rafael Rodríguez 

Por esa misma línea, la ex directora de ASES, Ávila Marrero, enfrenta cargos por lavado de dinero y otorgarle subcontratos a Velázquez Piñol y Scherrer.

Velázquez Piñol asistía a los eventos de ASES y del Departamento de Salud.  

A mediados de enero de 2017, Ávila Marrero envió un mensaje de texto a su asistente ejecutivo, persona “I”, solicitando: "Si puede avanzar la tabla con el detalle de los contratos a mi correo electrónico personal". 

La persona “I” y un empleado de ASES, persona “J”, reenviaron múltiples mensajes de acuerdo con las solicitudes de Ávila Marrero. 

Los correos electrónicos enviados al correo electrónico profesional de la ex directora de ASES, contenían todos los detalles de esos contratos. El saldo del contrato listado la “Compañía A” fue de $1.1 millones. El saldo del contrato listado para la “Compañía B” que totalizaba $ 225,000.

Tras recibir los correos electrónicos, Ávila Marrero reenvió la información interna del gobierno a su cuenta de correo electrónico personal en Yahoo, y luego los reenvió a Velázquez.

La hoja principal en el mensaje a Velázquez contenía una “excelente” hoja de cálculo titulada Contratos Servicios Profesionales y Comprados 2017, con el mensaje: "Saludos! Adjunto lista de contratos. Voy a enviar copias del contrato más importante en mensajes individuales".

Más adelante, Velázquez le envió una propuesta a una empresa en desarrollo, Compañía “C”, con un mensaje que decía: “Este es el contrato que vamos a reemplazar. Cuando lo revises, hablamos”.

Unos días más tarde, Velázquez recibió un pago de la Compañía C de $5,000. Ávila simultáneamente, le canceló el contrato a la Compañía B.

Lo siguiente que hizo Scherrer bajo BDO fue enviarlo un Modelo de Negocio a Velázquez, lo que dio paso a que Ávila le presentará a la Junta de Directores de ASES, para ese tiempo, una propuesta de “premios” que se dirigían a BDO, Compañía C y un estudiante practicante. 

En todo momento, Ávila sostuvo que era seguro aprobar ese contrato porque la confianza del Gobierno estaba puesta en BDO. Un mes más tarde, el gobernador nombra a Ávila como directora ejecutiva de ASES y ella identificó a Velázquez como el Asesor de Asuntos Federales.

Luego, la Oficina del Secretario de la Gobernación aprueba un contrato entre ASES y BDO por un total de $828,000. Con esto, Velázquez comenzó a manejar la información de los contratos de la oficina gubernamental. 

Como Ávila había cancelado los contratos con Compañía B, le otorgaron los fondos a BDO. Velázquez seguía cobrando el 10 por ciento de comisión por los contratos que le consiguiera a BDO.

Velázquez recibió el 10 por ciento de comisión de todos esos contratos firmados

Como siempre, Velázquez recibió el 10 por ciento de comisión de todos esos contratos firmados, que de paso, eran adicionales a los que tenía corriendo con el DE. 

En cuanto a los cuatro acusados en Puerto Rico, se declararon no culpables:

  • la ex directora ejecutiva de ASES Ángela Ávila
  • al ex presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer,
  • la contratista Glenda Ponce Mendoza y su hermana, Mayra Ponce Mendoza

A Ávila, el gran jurado le impuso una fianza de $5,000 asegurados y una de $20,000 no asegurados.  De manera similar, Scherrer le impuso una fianza de $1 millón asegurado, y una de $1 millón no asegurado, que se puede pagar en propiedades.

A las hermanas le impusieron una fianza asegurada de $5,000 y una no asegurada de $20,000.

Por su parte, Keleher salió del Tribunal en Washington D.C. sin una cantidad específica. En Connecticut con la vista de Velázquez, así como en Washington con la ex secretaria del DE, se estableció cómo condición que se entregaran voluntariamente para del 17 de julio. 

Al cierre de esta edición, Scherrer renunció a su puesto como presidente de BDO. Según las declaraciones de la firma:

Ante todo este esquema, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced  comunicó en declaraciones escrita: