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El representante Orlando Aponte Lugo, presidente de la Comisión de lo Jurídico, celebró el jueves, una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 522, que busca enmendar la Ley de la Judicatura, a los fines de incluir que los procesos civiles y penales sean transmitidos en vivo a través de mecanismos digitales.

La pieza legislativa recibió la opinión del Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales del Poder Judicial (OAT), la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) y la organización sin fines de lucro Servicios Legales de Puerto Rico.

La licenciada Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post Sentencia de la SAL, destacó que la mayor preocupación de la Sociedad es que “se pretenda (con el Proyecto) sustituir el ‘juicio público’ de forma presencial y que aceptemos como suficiente la difusión pública de los procesos a través de mecanismos digitales”.

“Esto incidiría sobre la posibilidad de que el acusado tenga un juicio justo e imparcial. De igual forma, no debemos restarle importancia y valor a lo que representa la presencia física de las partes en un proceso penal en el ejercicio del derecho a confrontación, la asistencia legal adecuada y oportunidad en el proceso, el relato de los testimonios de los testigos frente al acusado y a la ciudadanía que se presenta en las Salas”, explicó.

De acuerdo a la representante de la SAL, “en un proceso donde la libertad de un ser humano está en juego debe estar altamente garantizada de forma tal que el acceso sin límites de la tecnología y con la consecuencia de sustituir o hasta eliminar la comparecencia física de las partes en los procesos, no sea la norma en nuestro sistema de justicia penal. Creemos que es el acusado quien principalmente ostenta ese derecho y quien debe dar su aprobación a que haya una difusión pública masiva de todo el proceso en su contra”.

Por su parte, el representante Aponte Rosario sentenció que “no debería parecer que este proyecto busca sustituir la presencia de un acusado en el tribunal”. El legislador hizo hincapié que actualmente en los tribunales se llevan a cabo vistas en formatos remotos y grabando los procesos en algunas salas. “Queremos que, en vez de archivar esas grabaciones, el pueblo pueda conocerlas. Algo similar, cuando el gobernador se expresa en una conferencia de prensa sobre un tema que el país desea conocer su ejecución”.

Según el director administrativo de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, la transmisión de las vistas por medios electrónicos “requiere un análisis ponderado sobre su viabilidad y los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles”.

En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con reglamentación, aprobada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que autoriza, a manera de proyecto experimental, la cobertura electrónica de los procesos judiciales mediante la toma de fotografías y la grabación de audio e imágenes, y su reproducción y difusión por los medios de comunicación.

“En ningún proceso judicial se permite el uso de cámaras fotográficas y/o de equipo audiovisual de difusión, a menos que el juez que presida el proceso judicial, en el ejercicio de su discreción, lo autorice por escrito. Asimismo, el juez tiene discreción para autorizar el uso de equipo electrónico adicional (tales como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros) para la transmisión de información a través de las redes sociales o cualquier blog en vivo”, sentenció Steidel Figueroa en su memorial explicativo.

Por otro lado, el Departamento de Justicia presentó una ponencia explicativa firmada por su secretario Domingo Emanuelli Hernández, donde estableció que la medida deberá proteger múltiples casos que son de naturaleza sensible. “Los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible que requieren por ley de un acceso controlado y, por ello, no son compatibles con la posibilidad de que posteriormente la grabación se haga pública, aunque sea de manera suprimida o limitada, independientemente de quien lo solicite”.

Emanuelli Hernández también resaltó que el Proyecto impondría a la Rama Judicial un programa o tarea de mucho más alcance que pudiera significativamente impactar sus operaciones, su presupuesto, su quehacer administrativo y la discreción judicial que poseen los jueces para hacer determinaciones bajo el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotografías y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM).

Por otra parte, la organización de Servicios Legales de Puerto Rico destacó, que, aunque favorece una apertura de todos los procedimientos gubernamentales, no puede “perder de perspectiva el principio de la inviolabilidad del ser humano. Aunque es defendible la apertura de los procedimientos judiciales, y su correspondiente exposición al escrutinio público, el principio de intimidad de una persona perjudicada o una víctima, exige un balance de intereses y emitir una determinación caso a caso”.

“Entendemos que el Proyecto de la Cámara 522, debe incluir salvaguardas para personas que no desean que los procesos judiciales en sus casos sean públicos… En algunos casos podría constituir hasta en una revictimización de una persona víctima de violencia doméstica, de hostigamiento sexual, de un afectado por impericia médica. Una vez los asuntos llegan a medios digitales, es casi imposible evitar que se divulguen”, destacó Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de la organización.

En vista pública, también se discutió el Proyecto de la Cámara 728, que enmienda la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, con el propósito de disponer para la creación y publicación de un Registro de Querellas, el cual contendrá copia de todas las querellas, procedimientos y resoluciones contra jueces del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo, una vez estas sean finales y firmes.

Según la exposición de motivos de la medida, la Rama Judicial “se ha empecinado en hacer caso omiso a los requerimientos de información que se le ha hecho desde varios flancos, cosa que pone en duda la imparcialidad de sus procedimientos”.

“Se hace preciso robustecer y ampliar los contornos del derecho general conferido a los ciudadanos de acceder a la información que obra en poder de la Rama Judicial, mediante el establecimiento de pautas claras y concisas”, rezó el Proyecto presentado por el representante Er Yazzer Moralez Díaz.

También, la Comisión de lo Jurídico atendió el Proyecto de la Cámara 479, para enmendar la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, a los fines de modificar el tope máximo permitido de $15,000 a $25,000 dólares en una acción de cobro de dinero mediante el proceso sumario.

“Hoy día existe un sin número de casos cuya única acción es el cobro de dinero, y en las cuales se reclaman deudas que sobrepasan ligeramente el tope máximo de $15,000 que permite la Regla 60 actual. Ello obliga a que estos litigantes se inmerjan en las conocidas dilaciones y complejidades que enfrentan continuamente los demandantes en los procedimientos ordinarios en nuestros tribunales, cuyos costos son un disuasivo para su rentabilidad”, detalla el Proyecto.

Según la exposición de motivos, la medida también presentada por Aponte Rosario, facilitará a los ciudadanos mayor acceso a los tribunales, “de modo que se promueva su efectividad utilización en las reclamaciones monetarias y se logre la resolución de controversias de forma justa, rápida y económica”.