Capitolio

Integrantes de la Mesa de Trabajo sobre el Aborto acudieron al Capitolio para denunciar la falta transparencia que ha caracterizado el proceso legislativo en torno al Proyecto del Senado 950, relacionado con la práctica del aborto desde que la senadora Nayda Venegas Brown radicó el mismo, en mayo pasado.

El proyecto, que fue asignado a la Comisión de Asuntos Federales, Gubernamentales y Económicos presidida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue enmendado casi en su totalidad el último día de la pasada sesión legislativa, según se indicó.

De acuerdo con la licenciada Mayte Bayolo Alonso, experta en Política Pública y Legislación de la American Civil Liberties Union, a pesar de que en septiembre de 2018 se realizaron vistas públicas para este proyecto, entidades y organizaciones que trabajan con mujeres fueron excluidas de dichas vistas, aunque habían cumplido con el requisito de solicitar turnos a la Comisión presidida por Rivera Schatz.

Igualmente, no se realizaron vistas públicas para atender los reclamos de sectores excluidos, según anunciado por Thomas Rivera Schatz, y se removieron del portal de internet de la Comisión senatorial todos los documentos, ponencias y cartas de entidades internacionales que repudiaron el Proyecto 950, reclamaron.

La doctora Yarí Vale Moreno, profesora de obstetricia y ginecología en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, relató cómo desde mayo de 2018 se reunió con más de una decena de senadores y senadoras para explicarles las serias restricciones a los derechos sexuales y reproductivos incluidos en la versión original del PS 950. 

Sin embargo, la versión más reciente del proyecto también incluye aspectos que hacen de esta una medida insalvable, sostuvieron.

El aborto ya está reglamentado en Puerto Rico por el Departamento de Salud desde el 2008, y las clínicas cumplen cabalmente con lo dispuesto en ese reglamento. De ser aprobada, esta sería la única medida que eleva a ley un reglamento del Departamento de Salud. Es como si de pronto el reglamento que rige a las farmacias, los hospitales, y otros servicios de salud se convirtieran en leyes, y hay que preguntarse si esto ocurre porque se trata de un asunto que impacta a las mujeres y personas gestantes”, planteó la doctora Vale Moreno.

Por su parte, la licenciada Patricia Otón, profesora de derechos sexuales y reproductivos y consultora de Profamilias, señaló que esta legislación no responde a algún asunto que requiere la atención urgente o represente riesgo para las mujeres o personas gestantes.

“Existe jurisprudencia robusta tanto a nivel estatal como federal que viabiliza el aborto de manera legal. ¿Por qué obstaculizar el acceso al proceso legislativo a las personas que serían impactadas por la legislación propuesta? La falta de transparencia en este proceso es alarmante y amenaza seriamente a la democracia”, concluyó la licenciada Otón.