Jay Rossello - hermano de Ricardo Rossello - abril 15 2019

Jay Rosselló Nevares, hermano del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, explicó su colaboración con el contrato que contrajo el bufete de abogados para el que trabaja y el Departamento de Educación (DE).

“Quiero dejar claro que decir o insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto, es simplemente falso, malicioso y difamatorio, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo”, dijo el abogado en la única declaración escrita que hará sobre el tema circulada la noche del domingo.

La reacción surge varios días después que medios de comunicación divulgaran información que alegaban que el hermano del mandatario habría tenido contratos con el DE.

“No tengo, y nunca he tenido, contratos con el Departamento de Educación o cualquier otro departamento, agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico”, agregó.

Indicó que desde ejerce como abogado para el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose, en mayo del 2017, el bufete ha tenido únicamente un contrato con el Gobierno de Puerto Rico. El mismo fue con el DE, firmado a finales del 2017 y expirado el 30 de junio del 2018, con el año fiscal.

“Personalmente no tuve rol alguno en la solicitud, negociación, finalización o manejo del mismo. Este contrato surgió dada la relación pre-existente de la exsecretaria (del DE) Julia Keleher y un accionista de Hogan, Marren, Babbo & Rose, el licenciado Charlie Rose. Esa relación se remonta a cuando ambos trabajaban para el Departamento de Educación de los Estados Unidos y se concretó debido a la extraordinaria reputación nacional y peritaje del bufete en el campo de la educación”, señaló el hermano del mandatario.

Asimismo, explicó que el contrato era para ofrecer consultoría sobre la Reforma Educativa y que el mismo estaba a cargo del licenciado Rose.

“Ese proceso conllevó leer y revisar múltiples borradores de potencial legislación. Esos borradores eran en español, y como yo era, y continúo siendo, el único abogado en el bufete con dominio de ambos idiomas, el licenciado Rose me pidió que leyera y analizara (no tradujera) los mismos. Ese esfuerzo resultó en alrededor de 25 horas trabajadas en total, y nunca incluyóactividades adicionales, como, por ejemplo, participación en llamadas o reuniones con el Departamento de Educación”, explicó.

“De hecho, yo nunca tuve, durante la vigencia de, y en relación a, este contrato, contacto alguno con oficiales o representantes del Departamento u otra persona que no fuera el licenciado Rose”, agregó.

Explicó que el monto total que el bufete le facturó al DE por este contrato fue 47,800 dólares y no los 155,000 dólares que han reportado algunos medios. El bufete eventualmente recibió una cantidad menor, 45,486 dólares, de la que “alrededor de 8,000 dólares corresponden al trabajo que realicé”. Alegó que los restantes cerca de 40,000 dólares, fueron a compensar el trabajo del licenciado Rose y otros designados por él bajo el contrato.

De otra parte, el hermano del gobernador indicó que como parte de sus labores en el mencionado bufete, ofreció asistencia legal por breve tiempo al Center for Education Reform (CER), una entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas charter.

“En octubre del 2018, el gobernador hizo una presentación ante el CER, en la cual exhortó a los asistentes a participar de la transformación educativa en Puerto Rico. Ahí nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de CER, el gobernador y la exsecretaria, la cual ocurrió en diciembre del 2018. El propósito de la reunión era explicar el proceso, y discutir el potencial, para establecer escuelas chárter en Puerto Rico. Yo participé en esa reunión como parte de mis labores para CER. Ni durante la reunión, ni en momento alguno desde entonces, se asignó, designó, o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas chárter”, afirmó.

Por último, alegó que no es accionista del bufete, sino que es un socio sin interés de propiedad y con un contrato de trabajo que establece un salario fijo.