Representante PNP le saca los trapitos sucios a creador de la Ley 7 y miembro Junta fiscal

El portavoz de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, le lanzó su agüita en NotiUno en la Mañana a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal, al responsabilizarlo de la implementación de la Ley 7 bajo la administración sel gobernador Luis Fortuño donde se despidieron miles de empleados.

El representante Rafael “Tatito” Hernández informó el martes, que envió una comunicación al Senado Federal con evidencias que confirman los supuestos conflictos éticos y de interés en los que ha incurrido Carlos García, actual miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF), esto en medio del nuevo proceso para evaluar los nombramientos de los miembros de este ente por parte del Congreso.

“Desde el primer día hemos sido consistentes y denunciamos los conflictos de interés de García como ex asesor y funcionario del Gobierno, y ahora como miembro de la Junta. A sólo a días de que el Senado haya reanudado sus labores y tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston de extender el proceso de evaluación de los miembros de la Junta, queremos que la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal, Lisa Murkowski, el senador Joe Manchin y la congresista Nydia Velázquez tengan conocimiento sobre los hallazgos de nuestra investigación”, expresó Hernández, en conferencia de prensa.

“En este segundo proceso de evaluación, los nominados a la Junta serán evaluados como funcionarios federales, a los que les aplicará la sección 109 del Código de Ética Federal, específicamente la sección 208 del título 18 sobre conflicto de interés, y la sección 102 acerca de la divulgación de finanzas”, añadió.

El legislador del Partido Popular Democrático detalló los hallazgos y dijo que enviará copia a los senadores, así como a la congresista, quien ha estado muy pendiente de la falta de rendición de cuentas por parte de los integrantes de la Junta, y para lo cual radicó la legislación HR 683.

Hernández detalló los siguientes hallazgos:

Del 2001 al 2006 fue director de Inversiones de Banca en Santander Securities y luego presidente; del 2006 al 2009 fungió como vicepresidente, presidente ejecutivo senior y presidente del Banco Santander.

Del 2009 al 2011 presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y desde el 2017 es parte de la Junta de Control Fiscal.

García fue parte de una de las entidades demandadas en el litigio respecto a los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs por sus siglas en inglés).

Como parte de la Junta de Directores del Grupo Santander desde el 2001 al 2009, fue responsable de las transacciones de Santander Securities, una de las principales subsidiarias del Grupo Santander que, junto a UBS Financial Services y Ramírez & Co. gestionaron la emisión de bonos de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico. Santander participó activamente en la emisión y venta de gran parte de los bonos como miembro del grupo de “underwriters”.

García, como principal financiero del Gobierno nombrado en el 2009, permitió que la Administración de los Sistemas de Retiro no invirtiera el dinero de las emisiones de bonos de retiro para que su rendimiento repagara la deuda y el sobrante capitalizara el sistema. Esto provocó el aceleramiento de la quiebra del Sistema de Retiro y no sólo defraudó al Sistema, sino que también engañó a los cooperativistas y retirados del sector privado de nuestro país que les prestaron los ahorros de toda una vida, sostuvo Hernández.

Como presidente del BGF entre el periodo de 2009-2011, hizo seis (6) emisiones de bonos de COFINA y aumentó el margen prestatario de $9 billones a $16 billones. Creó el esquema de COFINA, que diferencia entre seniors y subordinados, poniéndole todo el peso del riesgo al capital local, para luego como miembro de la Junta pactar el nefasto acuerdo de reestructuración de COFINA en el 2018.

De igual forma, siendo presidente del BGF utilizó el esquema de emitir bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), manejando el dinero de forma desmedida a través de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura (AFI). Pero, como integrante de la Junta consintió declarar sus propias emisiones de bonos de la AEP inconstitucionales, por supuestamente sobrepasar el margen prestatario.

“Los conflicto de intereses de García en la Junta de Control Fiscal ya no se limita solo a su participación como presidente del BGF en la transacción de los Sistemas de Retiro, sino que, como parte de Junta de Directores del Grupo Santander, también supervisó y tuvo conocimiento de la suscripción, emisión y venta de bonos que gestionó Santander Securities. La pregunta es, ¿cómo Carlos García puede participar de la evaluación sobre la legalidad de la emisión de los bonos siendo miembro de la JCF, si él mismo endosó, vendió y compró?”, cuestionó el legislador, quien presidió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

“No es posible que este señor siga siendo parte de la Junta de Control Fiscal. Por eso nuestro llamado al Senado y al Congreso es a cuestionar a cada uno de los nominados a la Junta sobre su participación en las transacciones de financiamiento público, ya sea como asesor, proveedor o intermediario. De igual forma, si estos han recibido algún contrato o beneficio con alguna de las instituciones inversionistas en Puerto Rico", sostuvo.

Y agregó que "de otra parte, emplazamos a la directora de la Junta, Natalie Jaresko, a que conteste el requerimiento de información que le hiciéramos el 4 de junio de 2019 sobre cómo votaron los miembros de la JCF cuando aprobaron las diferentes resoluciones adoptadas por este ente desde su creación, ya que al día de hoy no hemos recibido respuesta. Es momento de rendir cuentas y de hacer pública esta información”.