Norma Burgos

La comisionada electoral del PNP, Norma Burgos Andújar, reaccionó hoy indignada, a la solicitud para que las llamadas que se generan en su oficina en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se auditen, a la petición del comisionado electoral del PPD, Miguel Ríos Torres, y de la comisionada alterna de dicho Partido, Karla Angleró González, hecha en la reunión ordinaria de la Comisión. 

“La petición de los comisionados electorales del PPD radicó en intervenir las llamadas que se generan desde mi Oficina como comisionada electoral del PNP para ser auditadas (son) en clara violación al Artículo II, Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico. Lo más crítico de esta petición para instar a violar la Constitución es que surja de una abogada licenciada, aunque no es de extrañar dada su trayectoria en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, indicó Burgos, al poner en tela de juicio las ejecutorias de Angleró González.

La planificadora sostuvo que además de la petición, los comisionados electorales del PPD emitieron previamente un comunicado de prensa en el cual intentaron adjudicar ilegalidad a las llamadas que diariamente los comisionados realizan desde sus respectivas oficinas.

"Parte de mis labores como comisionada electoral es convocar a actividades oficiales. Esta función está al amparo del Código Electoral y ellos como comisionados electorales lo saben. Su acción es una politiquera y en claro menosprecio al Sistema Electoral de Puerto Rico.  La intención de estos compañeros comisionados electorales es evidente, y radica en minar la credibilidad del Pueblo en la CEE”, sostuvo Burgos.

Y reclamó que “contrario a otros, mi historial en el servicio público es intachable y conforme a las leyes y reglamentos. Continuaré enfocada en mi trabajo como comisionada electoral del PNP, indistintamente de las alegaciones viciosas e infundadas de aquéllos cuyo interés es solo atacar cueste lo que cueste y no cumplir con sus funciones obligadas en Ley”, terminó diciendo Burgos.

Burgos ha estado bajo la mirilla, cuestionamientos y señalamientos de correligionarios y opositores políticos desde el año pasado, por los ponches de uno de sus dos hijos que habían sido contratados en la agencia; por su tenaz resistencia a que se investigara el chat de Whatsapp por el que resultó acusado el exjuez y expresidente de la CEE, Rafael Ramos Sáenz, y contra la investigación sobre los furgones sacados de la CEE con productos y artículos de FEMA, destinados a personas afectadas por el huracán María, uno de los cuales apareció en un solar baldío en Toa Alta.