Dinero - recorte - mayo 14 2019

El gobierno de Puerto Rico tiene que poner manos a la obra y ver cómo va a sustituir el ingreso que le genera el arbitrio sobre las ventas creado por la Ley 154 de 2010 estimado en $1,800 millones anuales y por el cual corporaciones foráneas reclaman un crédito al gobierno federal. Según la economista Martha Quiñones, esta ley también beneficia a comercios en Puerto Rico que sentirán el cantazo.

En una reunión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con funcionarios del Departamento del Tesoro en Washington el martes, se le indicó a la ejecutiva que presentara al gobierno federal un plan que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal.