Ricardo Rosselló

En momentos en que se cuestionan e investigan posibles actos de corrupción en el gobierno que podrían alcanzar al Primer Ejecutivo, el diario Metro reveló que el Gobernador extendió hace varias semanas una orden de emergencia que le otorgaría inmunidad civil o criminal y por acciones de negligencia crasa, a funcionarios en el cumplimiento de su cargo, algo que según expertos señalan podría ser inconstitucional.

El pasado 27 de junio, cuando ya se estaba comentando sobre investigaciones federales relacionadas a posibles actos de corrupción, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una Orden Ejecutiva que extiende a seis meses, hasta el 31 de diciembre de este año, el término de emergencia fiscal en la Isla, al amparo de la Ley 5 de 2017, que permite al Gobernador tomar cualquier medida para garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno y otros asuntos de política pública, de forma acelerada y menos transparente, según expertos.

El artículo 106 de la ley establece una serie de protecciones para funcionarios en el ejercicio de su cargo, que incluye inmunidad civil o criminal y por acciones de negligencia crasa. Con su orden ejecutiva, el Primer Ejecutivo extendió nuevamente el periodo de emergencia fiscal, que lleva en vigor desde el comienzo del cuatrienio de Ricardo Rosselló, y ya ha sido extendida en varias ocasiones.

Aunque el estatuto no ha sido cuestionado en los tribunales, el abogado constitucionalista Carlos Ramos, dijo al periódico Metro que los poderes que concede son tan amplios "que practicamente impacta todas las decisiones que toma el Gobierno de Puerto Rico”, lo que ha causado molestia, en momentos en que el País ha aumentado su reclamo de renuncia en medio de presunta corrupción gubernamental.