Conny Varela rechaza informe de mayoría en la Cámara sobre ambulancia aérea

El representante popular José “Conny” Varela advirtió hoy, al principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, sobre una posible violación al derecho constitucional sobre el acceso a la información Pública, al regular el acceso a informes relacionados a los planes fiscales del Gobierno, por lo que radicó una resolución para investigar la directriz del también secretario de Hacienda.

“Este protocolo anunciado el pasado lunes, 20 de mayo, por el CPA (contador público autorizado) Maldonado ha sido objetado por diversas organizaciones bonafide que abogan por el acceso a la información gubernamental. Entienden dichas organizaciones que el mismo está diseñado para limitar el acceso a documentos gubernamentales que no han sido especificados”, sentenció Varela, en comunicación escrita.

Según la Resolución de la Cámara 1423 de la autoría del legislador, el principal oficial financiero estableció un procedimiento para atender las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales, el cual establece, entre otros, un correo electrónico para realizarlas peticiones; ordena al solicitante identificar la naturaleza del pedido de información y fija un término de 10 días al Gobierno para atender las peticiones de información.

"Mientras que en el resto de los países del mundo la tendencia es hacia la mayor apertura y divulgación de la información pública así como la proactividad de los funcionarios del Estado, esta Administración pretende poner trabas al requerimiento ciudadano, lo cual pudiera estar violando lo establecido desde el año 1982 por nuestro Tribunal Supremo, que interpretó como un derecho constitucional el acceso a la información gubernamental”, manifestó el también portavoz del Partido Popular Democrático ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

El legislador urgió que se realice la investigación a través de la Comisión de Gobierno, que tiene jurisdicción para pasar revista sobre las acciones de las agencias del Gobierno Central. 

“No se puede permitir que se impongan mordazas ni a la Prensa ni a aquellas instituciones con legitimación activa, ni a la ciudadanía, sobre las acciones de las agencias de gobierno y sus funcionarios ”, concluyó el representante de Caguas.