Raul Grijalva - Fortaleza - mayo 6 2019

El congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva, quien estuvo de visita en Puerto Rico en marzo pasado, para dar seguimiento a la recuperación de la Isla de los daños causados por el huracán María, hizo un llamado hoy al gobernador Ricardo Rosselló para que renuncie, luego de que supo de los arrestos de la exsecretaria de Educación y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud, realizados hoy por agentes federales, acusadas de corrupción.     

Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, el cual trata los asuntos de Puerto Rico, llamó a Rosselló a renunciar dada la investigación federal que se lleva a cabo sobre la malversación de fondos federales. "Hemos cruzado esa encrucijada. Recuperar la confianza es imperativo para seguir adelante", dijo el congresista al Washington Post.

El rotativo menciona que no recibió una reacción de funcionarios de La Fortaleza, y que las acusaciones surgen mientras en la Casa Blanca se busca la manera de limitar la ayuda monetaria federal que viene para la Isla, y temen que los arrestos ayuden a fortalecer la justificación del presidente Donald Trump para cortar la ayuda adicional para la recuperación. 

“El gobernador y su Administración le han dado las 'municiones' a Trump que él necesitaba", dijo al Washington Post la alcaldesa de San juan, Carmen Yulín Cruz.

Junto a Julia Keleher y Ángela Ávila, fueron acusados los contratistas y empresarios Alberto Velázquez Piñol; el expresidente de BDO, Fernando Scherrer- Caillet y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza. La primera era ayudante especial de Keleher en un nombramiento realizado de manera irregular, y su hermana trabajaba en la empresa Colón y Ponce. 

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez mencionó que Glenda Ponce Mendoza fungía como ayudante especial de Keleher a pesar de que se le había advertido que la manera en que se hizo la contratación no procedía. Finalmente, Ponce Mendoza realizaba las funciones de ayudante especial, pero cobraba a través de los contratos que se le otorgaron a la empresa de su hermana y posteriormente de los contratos que se le otorgaron a la firma de contabilidad BDO. 

El propósito de la primera conspiración en el DE era desviar contratos entre la agencia y la empresa Colón y Ponce. Esto se logró a través de una subasta corrupta en la cual a Colon y Ponce se les ofreció ventaja competitiva por tener una relación estrecha entre Keleher y las hermanas Ponce Mendoza.

Mientras, Glenda Ponce Mendoza trabajaba como asistente de Keleher, ayudó a su hermana Mayra Ponce Mendoza a obtener un contrato en el DE. Mayra envió  por correo electrónico la propuesta a su hermana. Luego de recibir la propuesta, Keleher dio instrucciones para que se diera el contrato.

El 23 de mayo de 2017, el Departamento federal de Educación le advirtió a Keleher que tenía que cumplir con los reglamentos para otorgar contratos, en referencia a lo ocurrido con el contrato Colón y Ponce. Luego de la advertencia y de haber evaluado cinco propuestas, se enmendó la solicitud de propuestas (RFP) para que se cortaran las horas a no menos de 6 meses. Al recibir la enmienda, Mayra Ponce Mendoza se la envió a su hermana, quien la refirió a una persona que trabajaba en la empresa Keleher y Asociados para que la ayudara con las enmiendas. El 25 de mayo de 2017 se envió una comunicación interna en la que se daba cuenta que Colón y Ponce eran los agraciados con el contrato.

En la segunda conspiración,  Keleher,  Velázquez Piñol y  Scherrer- Caillet  deliberadamente conspiraron y acordaron entre ellos y otros individuos conocidos y desconocidos al Gran Jurado, para robar más de un millón de dólares en fondos pagados por el DE a BDO. El propósito de la conspiración y el esquema de defraudar de los implicados fue por utilizar su posición en el Gobierno de Puerto Rico para beneficiarse y enriquecerse a través de fraude y robo de fondos del gobierno.

 

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