Presidenta de la JRT se presentará ante la FCC

Ante el Tribunal Supremo, la Oficina de Ética Gubernamental y la Secretaría de la Gobernación se radicó una declaración jurada con serios señalamientos contra la licenciada Sandra Torres, presidenta del Negociado de Telecomunicaciones.

Según el documento radicado por Exel López, director de comunicaciones y prensa en la Junta Reglamentadora de Servicio Público, éste alega que recibió instrucciones de la directora del Negociado para que visitara a las compañías de telefonía que regulan y les vendiera unas taquillas valoradas en $1,500 como parte de esfuerzos de recaudación de fondos para la reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

El denunciante detalla que le notificó a la presidenta Torres que no podía ayudarle con la venta porque "entendía que era incorrecto solicitar dinero a entidades reguladas por la agencia", lo que provocó que Torres le advirtiera a López que tenía un puesto de confianza y que para eso lo habían llevado a trabajar con ella o de lo contrario tendría que prescindir de sus servicios.

López también declaró bajo juramento que, luego de ponchar su salida por tratarse de una asunto no oficial, visitó varias oficinas centrales de reconocidas compañías de celulares e hizo los acercamientos exigidos por la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones. Sin embargo, tras varios intentos, las empresas declinaron en comprar las taquillas para la campaña política de Rosselló y hasta advirtieron que era impropia la acción, que no podían comprar las taquillas, ni participar en actividades políticas.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la querella ética, la presidenta logró que casi 10 compañías reguladas por el Negociado de Telecomunicaciones y más de 5 contratistas hicieran aportaciones de $1,500 por taquilla y que participaran del evento político que se realizó el jueves 7 de junio de 2018, logrando recaudos de aproximadamente $43,500.

Al final de la declaración, López expresa que los actos de la licenciada y exjueza Sandra Torres de poder e influencia son un mal uso intencional de la prominencia de su cargo para adelantar sus intereses personales y un intento para conseguir una ventaja ilegítima mediante una posible venta de influencias entre los posibles delitos y violaciones al Código de Etica de los Abogados. 

Lea aquí la declaración jurada:

Niega las imputaciones en su contra

La presidenta del Negociado de Telecomunicación, Sandra Torres negó en Normando en la Mañana, entre otras cosas, que se haya comunicado con los gerenciales de dos empresas de telecomunicación en la isla para pedirles que compraran taquillas de 1,500 dólares para un evento de recaudación de fondos para la reelección del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

“Si esta persona (López), o cualquier otra persona fue allí (compañías de telefonía) utilizando el nombre mío diciendo que yo lo envié o que envié unas taquillas, que por favor me lo digan”, dijo Torres.

López alegó que a pedido de Torres, fue a Claro y AT&T para vender las taquillas y que en ambas empresas, le negaron la compra de la mismas. También alegó que Torres se comunicó directamente con el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos y con el señor Flores de AT&T para pedirle que le compraran las boletos.

“Falso. Jamás”, negó Torres categóricamente. 

Agregó que los empresarios pueden garantizar que no se le vendieron taquillas. “Eso es así. Que llamen y si esa persona o cualquier otra persona, a ellos o cualquiera de la empresas que el Negociado regula, los llamaron para vender taquillas o que hayan utilizado mi nombre, que me llame”, insistió la funcionaria.

De otra parte, Torres dijo que sí existe una lista de las empresas reguladas por el Negociado, pero que la lista que se incluyó en la querella está alterada. “Jamás le dí ninguna lista a esa persona (López). ¿Cómo la obtuvo? En su momento tendrá que decir, aunque es un instrumento de trabajo de la agencia”, dijo.

Mientras, Torres alegó que López hizo los señalamientos en represalia, pues iba a ser despedido ante una reprimenda por ausentismo excesivo, omisión de ponches y ponchar para irse a hacer gestiones personales. Además, alegó que hay una querella criminal contra el funcionario, de la que no ofreció más detalles.

Torres dijo que ninguna ley le impide a ella participar de eventos políticos y entre risas dijo que no recuerda quién era el dueño de la casa donde se llevó a cabo la actividad en una urbanización de San Juan, el 7 de junio del año pasado.

De otra parte, Torres negó, como alegó López en una segunda declaración jurada, que haya ido al Departamento de Justicia para solicitar hablar con la licenciada Liceaga Sánchez, que investigaba el caso del chat de WhatsApp, para cuestionarle si la licenciada María Palou, asesora de infraestructura de Fortaleza, era parte del caso. López alega en la declaración jurada que Palou es enemiga de Torres.