Rosselló y JCF reunion

La relación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal parece definitivamente rota, particularmente luego de que el ente creado por el Congreso demandara al Ejecutivo local por supuestas violaciones a la Ley Promesa, y buscando eliminar la Ley 29 sobre aportaciones de municipios a pensiones y plan de salud.

El primer ejecutivo rechazó que estén violando la Ley Promesa y dijo que es la propia Junta la que va en contra del estatuto.

Rosselló recordó ademas, que la Ley 29 fue certificada por el ente creado por la Ley Promesa y se identificaron los fondos necesarios para su entrada en vigor.

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