Tata Charbonier

La Cámara de Representantes aprobó el martes, el Proyecto de la Cámara 2069 sobre la libertad religiosa en Puerto Rico.

La medida de administración fue presentada por la representante María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, quien lideró su análisis y sometió un Informe Positivo. Charbonier destacó que hubo consenso entre casi todos los deponentes incluyendo quienes comparecieron a vista pública o mediante memoriales sometidos.

La Legisladora argumentó que la libertad religiosa está consagrada en el texto de la Constitución federal y estatal, al igual que en diversos estatutos federales y estatales. Por lo que expresó en comunicación escrita que “obligar a una persona a renegar de sus convicciones religiosas o pretender disfrazarlas, atenta contra su dignidad como ser humano. Nadie debe ser obligado a elegir entre servir y su fe. De lo que se trata es del acomodo razonable a la persona. La libertad religiosa es un derecho fundamental e inalienable del ser humano”.

Mientras, el representante Luis Vega Ramos, opinó que “hoy están legislando para garantizar el derecho al odio. Todos y todas somos iguales ante la Ley, y eso quiere decir que no hay un derecho a odiar ni a actuar sobre ese odio".

Seguido, el representante Denis Márquez Lebrón, señaló que “puedo estar minutos aceptando el reto sobre argumento jurídico, pero creo que el argumento principal que se esboza sobre esto es la sensatez". De igual modo, el representante Manuel Natal Albelo, quien argumentó que “el derecho es tanto a creer, como a no creer. Lo que no está en la Constitución de Puerto Rico ni en la Constitución de Estados Unidos, es utilizar la religión para discriminar contra otras personas".

Charbonier Laureano refutó los planteamientos en contra de la medida señalando que “empezamos por indicar que esta no es una ley discriminatoria. Esta es una ley que protege contra el discrimen… Aquí protegemos a todos y todas por igual. Lo más discriminatorio que hay es decir que este proyecto es discriminatorio. Al que se le niegan los derechos es al sector cristiano”.

La también abogada, les apuntó que el objetivo del proyecto es establecer las guías para la protección de la libertad religiosa y clarificar algunos principios de este concepto fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales aplicables a Puerto Rico.

Por su parte, el activista de derechos LBGTTIQ, Pedro Julio Serrano denunció la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto que “legalizaría el discrimen hacia las personas LGBTTIQ utilizando la religión como excusa”.

"El Proyecto de la Cámara 2069, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, es un atentado contra la máxima de nuestra Constitución que establece que cada ser humano tiene que ser tratado igual. La libertad de culto ya está protegida por nuestra Carta Magna y no necesita esta legislación adicional. Este proyecto intenta legalizar el discrimen, la violencia y el odio en contra de la gente LGBTTIQ. Le corresponde al Senado detener esta afrenta a nuestra humanidad compartida", aseveró Serrano en comunicación escrita.

De su parte, 50 organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas y personas comprometidas con una agenda nacional de equidad rechazaron nuevamente hoy la agenda de desigualdad y discrimen que impulsa la Cámara de Representantes a través de los proyectos de Libertad Religiosa y Terapias Reparativas. El grupo fue categórico al criticar la aprobación del PC20169 de Libertad Religiosa en la Cámara.

“La Cámara de Representantes se ha convertido en un bastión del sector religioso más conservador del país y está dando la espalda a otras denominaciones y grupos humanistas que sí creen en la equidad y rechazan el discrimen que se promueve desde ambos proyectos”, expresó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, una de las portavoces de CABE y directora Ejecutiva de Proyecto Matria. “Desde que se anunciaron los proyectos en abril pasado, el rechazo a los proyectos ha ido en aumento y hay un liderato diverso y valiente haciendo frente a quienes insisten en lograr un permiso gubernamental para discriminar”, añadió.

“Debemos denunciar que en la Cámara se amañó el proceso de vistas públicas para invisibilizar la oposición a los proyectos y dar espacio a sólo un puñado de grupos de odio que llevan años tratando de imponer sus creencias al país entero”, dijo Pagán.

“Insistimos en que el estado de derecho actual ya protege la libertad religiosa. Sin embargo, el PC2069 crea un sistema que privilegia ciertas creencias religiosas y las incorpora a nuestro estado de derecho de manera ilegal e inconstitucional. Es por eso que tanto personas cristianas, como musulmanas, judías, ateas, espiritistas y yorubas se han opuesto al mismo y se unieron a entidades y grupos profesionales, de derechos humanos y académicos para detenerlo. Hagan su suma, lean lo que hemos dicho y lleguen a sus conclusiones. Insistir en estos proyectos es antidemocrático e irracional”, explicó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez.

CABE, y sus organizaciones aliadas, hicieron un llamado al Senado para votar en contra del proyecto. “Las vistas públicas presididas por Zoé Laboy demostraron que tenemos razón al hablar de los peligros del proyecto de Libertad Religiosa y al hablar de un sólido consenso en contra del mismo”, concluyó Burgos.

Por otro lado, durante la continuación de la Sesión ordinaria, la Cámara respaldó el Proyecto de la Cámara 1841, del representante José “Pichi” Torres Zamora, a los fines de eximir a la Universidad de Puerto Rico del pago de cualquier cargo a cobrarse por la expedición de Licencias de Autorización, Licencias de Renovación y Enmiendas a Licencias a las Instituciones de Educación Superior, que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la Junta de Instituciones Postsecundaria.

A su vez, se favoreció el Proyecto de la Cámara 2082, del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, proponiendo que la suspensión de la licencia de conducir  por rebasar la luz roja por tres ocasiones será por infracciones dentro del periodo de la vigencia de la licencia; y la Resolución Conjunta de la Cámara 493, del representante José “Memo” González Mercado, para que todo certificado médico, incluyendo el examen de la visión para la expedición y renovación de licencias de aprendizaje y de conducir,  tenga una vigencia de 12 meses. 

También de Torres Zamora, vicepresidente cameral, se validó la Resolución de la Cámara 1424, para investigar la alegada limitación de servicios tratamientos a los pacientes diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Enfermedades Transmisibles Sexualmente (ETS) por parte de los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTET), adscritos al Departamento de Salud. Además, el destino y manejo de los fondos federales asignados en virtud del Ryan White CARE Act para servicios y tratamientos dirigidos a estos pacientes.

De otra parte, se aprobó la Resolución de la Cámara 1408, del representante Eddie Charbonier Chinea, que ordena investigar el problema recurrente de inundaciones en San Juan, el mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte del municipio y auscultar maneras en las que el Estado pueda atender estas necesidades en ausencia de la debida diligencia municipal.

“El Municipio de San Juan, por muchos años, ha sido testigo de las complejidades y efectos directos que surgen con las inundaciones. A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno Central, y como aparente resultado de la falta de mantenimiento adecuada por parte del Municipio de San Juan y su Alcaldesa Carmen Yulín, todos los sanjuaneros hemos visto como en tiempo reciente esta problemática de inundaciones ha ido empeorando, al punto que en ocasiones aparentaría que con poca lluvia el municipio se torna intransitable debido a las inundaciones”, sostuvo el Representante por el Distrito 1 de San Juan.

Del cuerpo hermano, se dio paso a los Proyecto del Senado 623, para disponer que las agencias gubernamentales destinen, como mínimo, la mitad de la reserva de compras para pequeñas y medianas empresas, o un 50% del por ciento escalonado exigido por la ley a mujeres empresarias residentes de Puerto Rico que estén debidamente registradas y clasificadas como tal; el Proyecto del Senado 84, para designar con el nombre de Pedro “Peyo Tata” Pacheco Figueroa, el parque de béisbol de la comunidad Betances del barrio La Cantera del Municipio de Ponce y el Proyecto del Senado1069, para declarar el día 11 de octubre de cada año como el “Día de la Niña”, con el fin de reconocer los derechos de las niñas, al igual que los problemas extraordinarios a los que se enfrentan, y promover la equidad de género.

Asimismo, se aceptó el Informe Final en torno a la Resolución de la Cámara 702, sometido por el representante Víctor Parés Otero, sobre un estudio en cuanto a la viabilidad y eficiencia del establecimiento de proyectos de desarrollo y utilización de fuentes alternas de energía utilizando las tecnologías más limpias disponibles en el mundo.

Parés Otero concluye que podrían impulsarse diferentes tipos de energía renovable, como una alterna la combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario; digestión anaeróbica; y pilas de combustible (fuel cells, en inglés), entre otras.

Sin embargo, no favoreció instalaciones waste-to-energy, que convierten los desperdicios sólidos no reciclables en energía, al señalar que “son contrarias a la política pública que se desprende del ‘Plan Para Puerto Rico’ de facilitar la creación de empresas de reciclaje que puedan manufacturar productos de consumo”.

Además, Parés Otero presentó un Informe Final en torno a la Resolución de la Cámara 1030, sobre el cumplimiento de la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico” y evaluar el estado de las negociaciones sobre las Transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) del recibo de propuestas e implantación de la política pública establecida en dicha Ley.

Finalmente, este Cuerpo aprobó en reconsideración los Proyectos de la Cámara 1054, que crea la “Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información Sensitiva en Puerto Rico”, 1372, a los fines de disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policía de Puerto Rico se haga dentro de un término máximo de 15 días y 1297, que crea la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos”, bien sea que se importen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves 13 de junio a las 11:00 de la mañana, donde habrá una Sesión Especial para honrar a los Padres.