Instan a apoyar y promover la lactancia en el ámbito familiar

La Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, prosiguió el jueves el análisis en torno al Proyecto de la Cámara 2168, con el propósito de enmendar la “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia” para incluir el concepto de “enajenación parental” entre  los puntos a tomar en cuenta a la hora de determinar a quien se le concede la custodia de los menores en el proceso de divorcio.

Durante la vista pública, compareció la licenciada Giselle Rosa González, directora de la Oficina de Legislación y Reglamento de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), quien recomendó enmiendas al concepto de “enajenación parental”, siendo el patrón que usa uno de los padres para desvincular afectivamente al menor del otro progenitor. De manera,  que sea lo más preciso posible al momento de analizar el caso por parte de los jueces.

Además, sugirió incluir entre los puntos a estudiarse durante el proceso de concesión de custodia “si el menor presenta pensamientos o sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor, si demuestra actitudes negativas hacia este o si en efecto, se ha afectado el vínculo afectivo entre el menor y el otro progenitor, características asociadas con el Síndrome de Alienación Parental”, que es el cuadro que presenta el menor que ha sido sometido a la enajenación parental.

“Entendemos que la evaluación que haga el trabajador social en esta etapa de la adjudicación de custodia, como parte del referido del tribunal, debe tener como propósito identificar si existe la conducta descrita por parte de alguno de los progenitores al hacer al tribunal las recomendaciones que entienda pertinentes”, apuntó la deponente en comunicación escrita.

Rosa González señaló que podría incluirse la petición de que el menor sea evaluado por un psicólogo que valide, conforme a los estándares de su profesión, si muestra las características relacionadas con la alienación parental.

A su vez, exhortó a que se aclare si el tribunal tendrá la discreción para tomar las medidas y emitir las órdenes que entienda pertinentes en cualquier etapa del proceso y que de ser necesario, se ordenará que el menor asista a terapias psicológicas, que las relaciones se hagan bajo supervisión del terapeuta, se suspendan o incluso, se puedan ordenar el cambio en el acuerdo de custodia, según amerite el caso.

Por su parte, la doctora Julimar Sáez Colón, psicóloga clínica con experiencia en el tema, recomendó medidas tales como ordenar por parte del tribunal que los padres reciban “módulos psicoeducativos de crianza”, que pueden ser ofrecidos en línea, en los casos en que exista este tipo de comportamiento por parte de alguno de los padres.  De modo que se facilite el apoderamiento y la asertividad en los padres y las madres al momento de tomar decisiones que puedan afectar a sus hijos.

Sáez Colón  invitó a que en los casos en los cuales no se ha logrado un acuerdo entre las partes para la custodia, la evaluación sea por un trabajador social de Relaciones de Familia y por un psicólogo, “de este modo, el psicólogo podrá evaluar y desarrollar un informe basado en el perfil y el funcionamiento de cada parte proveyendo recomendaciones al Tribunal sobre la adjudicación de la custodia o condiciones a considerar”.

Mientras, que Elizabeth Torres, portavoz de la agrupación “Grito de un padre desesperado”, presentó el cuadro que sufren miles de padres alejados de sus hijos por el otro progenitor y lo calificó como “articuladas agendas de difamación y descrédito para lograr alejar y borrar por completo a ese otro padre”.

Al apoyar la pieza legislativa del representante Jorge Navarro Suárez, recomendó que también se “impulse un proyecto educativo dirigido a los profesionales legales, sociales y médicos para que con información valiosa, precisa y determinante, puedan estar mejor posicionados para enfrentar este problema de maltrato infantil y de violencia familiar”.

Al finalizar los trabajos, la presidenta de la Comisión, la representante Charbonier Laureano se mostró a favor de enmiendas tales como los módulos de crianza, así como establecer que los jueces y el resto del personal que labora en las salas de familia sean adiestrados para poder reconocer este tipo de patrón de conducta, que según la Organización Mundial de la Salud es un asunto que puede tipificarse como maltrato a menores.

En su alocución mostró su preocupación por los menores y jóvenes que son sometidos a este patrón de conducta por las diferencia entre la pareja al momento del divorcio, que deben ser tratados sin involucrar a sus hijos.

“Cuando estas cosas pasan no nos damos cuenta que lo que estamos creando es unos estados de ansiedad, frustración, desasosiego, inseguridad en niños de temprana edad que después van a ser manifestados en conductas de violencia doméstica, de criminalidad, de deserción escolar en el futuro. Así que lo mejor es que los niños puedan tener la mejor relación posible con ambos padres una vez se da el divorcio y ese es mi objetivo: que se minimicen estos casos”, concluyó la representante.