PIP reclama al Gobernador que no firme el Código Penal

Los candidatos al Senado y Cámara del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, solicitaron hoy al Gobernador que no firme el proyecto de Código Penal que convertiría en delito menos grave el realizar manifestaciones como las que han tenido lugar en la Universidad de Puerto Rico, e impondría una pena fija de tres años a quien “perturbe” trabajos legislativos o “cometa cualquier desorden” en presencia de legisladores nacionales o municipales.

Mediante carta enviada en la mañana de hoy, ambos abogados solicitaron a Luis Fortuño que no firme “una medida a todas luces inconstitucional, que sólo servirá para promover la intolerancia, para afirmar la impresión de incapacidad jurídica de la Asamblea Legislativa y para agudizar los preocupantes señalamientos de los que ha sido objeto nuestro país en relación al tema de los derechos civiles. Como institución, el Partido Independentista Puertorriqueño conoce bien los terribles efectos de la persecución política y de la limitación de derechos por razón de ideología. Le exhortamos a que no colabore en el inicio de un nuevo capítulo de represión en Puerto Rico; no importa las ideas que cada cual albergue, el respeto al disenso es puntal imprescindible para levantar un mejor país”.

Los aspirantes a legisladores informaron además que en caso de que el Gobernador no acoja su petición, bajo ningún concepto el PIP aceptará la criminalización de la libertad de expresión como un disuasivo para ejercer sus derechos, y que si en algún momento se intenta penalizar a algún militante independentista, se impugnará la constitucionalidad el estatuto. “En el pasado retamos a la Marina de Estados Unidos, antes de eso el carpeteo quiso silenciarnos; hoy la hipersensibilidad de ciertos legisladores no va a detenernos”, indicó la licenciada Santiago Negrón.

Por su parte, el candidato a la Cámara, Denis Márquez indicó que “este proyecto busca restringir expresiones que pueden estar protegidos, de convertirse en ley, se expone el país a la vergüenza internacional. Si Fortuño lo firma, el PIP se compromete a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, American Civil Liberties Union y la Internacional Socialista, que intervengan, cada cual en la medida de sus facultades, sobre este atentado contra la libre expresión”.