En riesgo programas de servicio legal civil ante pérdida de fondos federales

Los licenciados Charles S. Hey Maestre y Rosabelle Padín Batista, directores ejecutivos de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Oficina Legal de la Comunidad (OLC), respectivamente, advirtieron el jueves que los servicios de asistencia legal civil se afectarán al dejar de recibir unos 5.03 millones de dólares de fondos federales a partir del 1 de enero de 2013, que responde a la reducción de personas pobres según el Censo de 2010. Ambos directores coincidieron en que sería inevitable el despido de empleados y, por ende, una reducción en los servicios que pueden ofrecer, en un momento cuando más se necesitan por la difícil situación económica que afecta la Isla.

“Aunque la realidad que percibe la gente en la calle puede no parecerse a lo que dice el Negociado del Censo, esa es la base que usan para nuestras asignaciones”, dijo Hey Maestre en un comunicado de prensa.

Según Hey Maestre y Padín Batista, los resultados del Censo 2010 y la Encuesta de la Comunidad realizada por el Negociado del Censo, reflejan que el número de personas que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico se ha reducido en un 8.7 por ciento en la última década.

Por otra parte, Hey Maestre explicó que es la corporación federal Legal Services Corporation la que otorga fondos a programas independientes que proveen ayuda legal gratuita en el ámbito civil a personas pobres. La distribución de estos fondos asignados por el Congreso se hace según una fórmula que depende de la población de bajos ingresos en cada jurisdicción.

La información revelada por el Negociado del Censo indica que entre 2000 y 2010 en los Estados Unidos ha habido un crecimiento en la población pobre de 34 por ciento mientras que en Puerto Rico ha habido una disminución de 8.7 por ciento (156 mil personas). La pérdida de fondos que se proyecta se suma a la experimentada en los pasados dos años en los que las organizaciones dejaron de recibir más 3.5 millones de dólares por recortes del Congreso federal.

“Llevamos dos años de gran austeridad, velando cada gasto. Ya hubo reducción de beneficios y de empleados y hemos intentando que el servicio no se vea afectado. Pero, ante un corte de esta magnitud, necesitamos que el gobierno de Puerto Rico asuma mayor responsabilidad en la protección de los derechos de sus ciudadanos más vulnerables, asignando recursos que nos ayuden a continuar la prestación de servicios. Hablamos de que la mitad de la población de Puerto Rico es elegible para nuestros servicios”, planteó el director ejecutivo de la SLPR.

En el año 2011, Servicios Legales de Puerto Rico solamente atendió unos 33 mil casos, beneficiando a más de 100 mil personas. El área legal con mayor demanda de servicios es el derecho de familia, seguido por asuntos de vivienda.