Abogados de Héctor Martínez y Juan Bravo denuncian “favoritismos” de juez federal
febrero 23, 2011 por Redacción
SAN JUAN (CyberNews) – El séptimo día de juicio federal por soborno y extorsión contra el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo comenzó el miércoles con una petición del abogado de Bravo, David Chesnoff, de contra contra interrogar al ex gerente general de Loomis Fargo, Néstor Medina.
“El Ministerio Público está tratando este caso como si fuera un pleito civil. Esto no se trata de un cobro de dinero, aquí estamos jugando con la libertad de una persona”, dijo Chesnoff al juez federal Francisco Augusto Besosa cuando le pedía volver a interrogar a Medina.
Según Chesnoff, con el testimonio, el jurado se llevó la impresión de que el proyecto de enmiendas a la Ley de Detectives afectaba a una compañía multinacional como Loomis Fargo, cuyo principal oficial ejecutivo no vive en Puerto Rico y por lo tanto, no puede tener licencia de detective expedida en Puerto Rico para operar un negocio de seguridad privada. Agregó que las preguntas que le hizo el Ministerio Publico a Medina son engañosas.
Así las cosas, la fiscal Deborah Mayer rechazó que el caso se maneje como uno civil. “A diferencia de Chesnoff, yo no voy a recurrir a ataques personales. Yo no litigo casos civiles. Siempre he sido fiscal. Aquí quien litiga casos civiles es Chesnoff”, dijo Mayer.
La fiscal dijo que fue el propio Chesnoff quien abrió la puerta en sus preguntas sobre la posición de un principal oficial ejecutivo de una compañía multinacional de seguridad privada en Puerto Rico el cual no residía en la Isla.
El juez Besosa denegó la solicitud para contrainterrogar al testigo.
Otro asunto que se manejo en sala fue una petición del fiscal Peter Koski de que se admitiera como evidencia unas aportaciones que Juan Bravo hizo a Jorge Santini, Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vilá y el Partido Popular Democrático, lo que a su juicio demuestra que Bravo no conocía a Héctor Martínez previo a que se convirtió en senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y le pagó el pasaje a Las Vegas para la pelea de Félix Tito Trinidad.
La defensa objetó la solicitud bajo el argumento de que esos donativos no demuestran ningún vínculo de amistad con las personas a las que decidió donarle o no.
No obstante, el juez Besosa argumentó que esa evidencia sí podía llevar al jurado a una conclusión.
“Una cosa es no darle donativos durante la campaña porque no lo entendió importante, pero otra cosa es hacerlo cuando ya es Presidente de la Comisión de Seguridad Pública”, dijo Besosa ante el argumento de objeción del abogado de Martínez, Abbe Lowell.
No obstante el juez dejó claro que esa es su impresión, que no abona a un posible veredicto.
“Yo no sé lo que pensará el jurado. Yo digo lo que infiero, pero lo que yo infiera no importa, lo que importa es lo que piense el jurado”, dijo Besosa para luego admitir en evidencia los donativos.
Por su parte, el abogado de Martínez, Abbe Lowell acusó al juez federal de favorecer a la fiscalía al permitirle que presenten evidencia que permite que el jurado haga inferencias.
Unión Americana de Libertades Civiles denuncia asalto a derechos humanos en Puerto Rico
La entidad Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), denunció en un documento titulado “Crisis de derechos humanos en Puerto Rico: Bajo asalto la Primera Enmienda” emitido recientemente, que Puerto Rico enfrenta un asalto a los derechos civiles y humanos de los ciudadanos, principalmente por las políticas y acciones de la Administración del gobierno de Luis Fortuño, su Legislatura y los cuerpos de la Policía de Puerto Rico.
“Mientras el mundo celebra la revolución democrática en Egipto, graves violaciones de derechos humanos básicos está ocurriendo en nuestro propio patio. Desde que el gobernador Luis Fortuño advino al poder hace dos años, la libertad de expresión ha estado bajo un asalto total”, comienza señalando el documento.
La ACLU enumera los siguientes eventos:
• Miles de empleados públicos han sido despedidos y sus convenios colectivos terminados, generando protestas pacíficas de decenas de miles de personas el pasado año.
• En una protesta en las escalinatas del edificio del Capitolio por el cierre del acceso a las sesiones legislativas, acceso que es autorizado constitucionalmente, los protestantes fueron golpeados brutalmente, rociados con gas pimienta y disparados por la Policía de Puerto Rico. Igual ha ocurrido en otros lugares.
• En muchos eventos, mujeres jóvenes son las primeras en ser atacadas por la violencia policiaca. En la Universidad de Puerto Rico, estudiantes féminas, muchas de las cuales fueron golpeadas, también fueron hostigadas sexualmente, manoseadas y tocadas por policías.
• Estudiantes han sido atacados brutalmente, rociados con gas, y disparados con balas de gomas. Ciudadanos han acusado, –y lo confirman imágenes tomadas—a policías de aplicar técnicas de tortura, a manifestantes estudiantiles inmovilizados.
• Desde que tomó posesión, la presente administración, que controla las tres ramas de gobierno, se ha propuesto a aplastar la Libertad de Expresión. En Puerto Rico, la Expresión se ha manifestado en las protestas contra políticas de gobierno, tales como el despido de cerca de 26 mil empleados, privatización del gobierno, cerrando el acceso del pueblo a la información pública y sesiones legislativas, intentos de cerrar la emisora de radio FM de la Universidad durante momentos de tensión social y agrediendo al Colegio de Abogados, que era una profesión colegiada compulsoria y es la institución más antigua de Puerto Rico. El Colegio de Abogados de Puerto Rico, de 171 años, históricamente ha sido punto focal para la oposición liberal a las políticas gubernamentales.
• En la Universidad de Puerto Rico, todas las formas de expresión han sido prohibidas, mediante una Resolución emitida por la Rectora Ana Guadalupe; una resolución que el gobernador Luis Fortuño ha ordenado a policías armados que pongan en vigor. El miércoles 9 de febrero, un grupo de estudiantes participaba en una desobediencia civil en el campus, que consistía en una pintata. Durante la actividad, estudiantes pacíficamente y sin interrumpir el proceso educativo, pintaban mensajes de protesta en un área limitada de la calle frente a la Biblioteca principal, en desafío a la prohibición absoluta de la Rectora de cualquier tipo de protesta. Los estudiantes fueron inmediatamente objeto de ataques físicos y violentos extremos por miembros de los cuerpos elites y fuertemente armados de SWAT y Fuerza de Choque.
• La ACLU también destacó la evaluación que un periódico conservador hace de la situación actual. “En su editorial, el Puerto Rico Daily Sun declaró que ‘la indiscriminada agresión de escuadrones antimotines de la policía contra estudiantes, que están ejerciendo sus derechos constitucionales en espacios públicos, sin interferir con ninguna actividad académica o administrativa, es una violación crasa a sus derechos y un acto sólo comparable a los actos de las dictaduras que todos denunciamos y rechazamos.’ El Daily Sun añadió que ‘nosotros no queremos este nuevo orden, ni para nuestra Universidad, el Capitolio, la Fortaleza o nuestras comunidades. Lo rechazamos con todas nuestras fuerzas. Ejercer nuestra libertad de expresión, o libertad de asociación, no es un crimen’”.
• El domingo 12 de febrero de 2011, sólo cuatro días después de las brutales golpizas de estudiantes por la Policía de Puerto Rico, sobre 10 mil estudiantes, padres, abuelos, familiares y otros ciudadanos, se lanzaron a las calles y marcharon para reclamar el campus de la UPR, exigiendo que la Policía fuera retirada inmediatamente del campus.
• Además de la debacle y violencia relacionada en la Universidad de Puerto Rico, en los pasados dos años se ha aprobado legislación que prohibiría las protestas en lugares de construcción y más recientemente en cualquier edificio de gobierno que ofrezca servicios educativos y otros lugares que ofrezcan servicios del gobierno, bajo amenaza de acusaciones criminales.
• El Colegio de Abogados de Puerto Rico fue reciente descertificado mediante legislación que el Gobernador convirtió en ley, que casi lo cierra. Algunos abogados cercanos a las posiciones de la presente administración promovieron la descertificación y habían demandado previamente al Colegio en los tribunales federales alegando que el Colegio les estaba obligando a comprar una póliza de vida no deseada, cuyo costo de $78 anuales era pagado de las cuotas del Colegio. Los miembros del Colegio nunca fueron informados de los pormenores de la demanda y el juez federal José Antonio Fusté impuso una orden de mordaza prohibiendo la diseminación de aspectos importantes del caso a miembros colegiados de la clase del Colegio.
• Al Colegio de Abogados de Puerto Rico no se le está permitiendo informar y orientar legalmente a miembros del Colegio de su derecho a salirse de la demanda. Miles de abogados aún no están seguros de por qué son parte de esta demanda. Se piensa que una notificación en inglés del derecho a salir de la demanda no es suficiente garantía de que los miembros del Colegio entenderán cabalmente las ramificaciones de sus acciones. Muchos miembros del Colegio tienen limitaciones en el dominio del inglés, particularmente abogados en pueblos pequeños y rurales.
• El recién electo Presidente del ahora voluntario Colegio de Abogados de Puerto Rico, Osvaldo Toledo, fue encarcelado el viernes 11 de febrero de 2011, en un centro federal de detención, acusado de desacato por rehusar pagar una multa de $10 mil dólares que le fue impuesta por haber aconsejado a miembros del Colegio que insisten en que tienen derecho a conocer los particulares de la demanda y del procedimiento para salirse de ella.
• La orden de mordaza del juez federal José Antonio Fusté se extiende no sólo al Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, sino también a miembros de su Junta, administradores, agentes y servidores. El director Ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, había sido previamente advertido por el Colegio no podría hablar en contra de lo que se considera una injusticia y violación a la Primera Enmienda. Hablar en desafío a la orden de la corte federal puede resultar en el arresto de cualquiera cubierto por la orden de mordaza de la corte y multas adicionales podrían ser impuestas contra el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
• Después de estudiar la orden de la corte, nosotros, en ACLU, en este momento no creemos que la orden de la corte federal alcanza a miembros de la clase u otros miembros del Colegio, incluyendo el personal y abogados colaboradores. Sí creemos que la orden es injusta y que debe ser levantada.
• La ACLU continuará luchando por el derecho a la libre expresión y la asociación pacífica en Puerto Rico y se propone enfrentar de lleno cualquier reto que se le presente.
Las denuncias de la ACLU coinciden con las hechas por el congresista puertorriqueño de Illinois, Luis V. Gutiérrez, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles 16 de febrero y que provocaron una reacción histérica de funcionarios de la administración de Fortuño.
QUE SE ACUERDE EL SR BRAVO COMO EL DETENIA ILEGALMENTE A LA GENTE EN PLAZA LAS AMERICAS. COMO ABUSAVAN DEL PUBLICO Y COMO LOS POLICIAS PAGADOS POR EL PUEBLO NO HACIAN NADA